Organización colectiva contra la deshumanización

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¿Cómo impactan medidas universales en sociedades asimétricas como las latinoamericanas? Lo que son cuarentenas placenteras para sectores medios y altos, son hacinamientos para los sectores vulnerados. Dos referentes sociales de la región comparten sus vivencias y aprendizajes en un diálogo con InnContext donde alertan contra la deshumanización del sistema de salud y resaltan el valor que tiene la capacidad de organizarse para que se cumplan los derechos.

Silvia Flores repite la misma frase cuando se le pregunta sobre el presente y el futuro: “el panorama es oscuro”. Y es que para una dirigente social que conoce en profundidad las problemáticas que afectan los barrios populares en Argentina, el COVID-19 ha llegado solo para agravar situaciones que ya eran críticas. Desde el 16 de marzo, en Argentina se implementó el aislamiento social obligatorio para hacer frente a la crisis sanitaria. Sin embargo, grandes porciones de la sociedad no tienen las condiciones básicas para poder implementar esta medida. Y, en este contexto, las organizaciones sociales han adquirido un rol de vital importancia para contener y mitigar la crisis social.

La pandemia generó una situación sin precedentes. En casi todo el mundo se ha aplicado, con matices y diferencias, una misma medida: el aislamiento. Y conforme se prolonga en el tiempo se evidencia la imposibilidad de sostenerlo sin que esté acompañado de medidas orientadas a proteger el trabajo y garantizar los medios de vida de la gente, especialmente, de las personas que se desempeñan en la economía informal. Los recicladores son un ejemplo de esta realidad y sus condiciones de vida y de trabajo se han visto seriamente amenazadas por la crisis económica y sanitaria. Pero, a pesar de las grandes dificultades y las carencias que aún afrontan, las organizaciones de recicladores han logrado cambios que hoy se traducen en herramientas concretas que les están permitiendo hacer frente a la crisis.

La imposibilidad de aislamiento en el conurbano bonaerense

Silvia Flores, Directora Ejecutiva de la Cooperativa La Juanita en el partido de La Matanza, Buenos Aires, Argentina.

Silvia Flores es Directora Ejecutiva de la Cooperativa Barrio La Juanita, en La Matanza, un partido ubicado al oeste del Conurbano bonaerense argentino. La Juanita nació en el 2001, como respuesta a la crisis social, económica, política e institucional más grande desde 1983, que derivó en protestas masivas en todo el país. Desde sus orígenes, su propósito ha sido impulsar a trabajadoras y trabajadores desocupados a generar sus propios emprendimientos productivos, a partir de un trabajo social enfocado en la capacitación y la educación. Sin embargo, Flores afirma que eso cambió con la llegada de la pandemia: “El rol de la cooperativa cambió bruscamente, de enfocarse en todo lo que tiene que ver con la educación y el trabajo a convertirse en una organización que contiene y asiste”.

Actualmente, el Gran Buenos Aires (nombre como habitualmente se denomina al conglomerado urbano que incluye la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano) es una de las regiones más afectadas por la enfermedad del COVID-19. Tan solo la provincia y la Ciudad de Buenos Aires aglutinan a más de 14.000 de los cerca de 17.000 casos confirmados en todo el país hasta el primero de junio. Sin embargo, la extensión del aislamiento pronto dejó en evidencia las grandes dificultades que tienen vastos sectores de la población para implementarlo, debido a la falta de condiciones mínimas, como vivienda, alimentos, elementos de higiene, energía, acceso a agua potable y más.

Nuestra organización es un foco de demanda permanente de soluciones a distintas problemáticas. Desde falta de comida hasta la posibilidad de juntar dinero para enterrar un muerto, pasando por contener a una persona que vive en un lugar hacinada con otra gente”. Silvia Flores dice que, si bien Gregorio de Laferrere, el barrio de La Matanza donde se ubica La Juanita, no es un barrio de emergencia, igualmente sufre la falta de acceso a servicios básicos, como cloacas o asfalto. Por esto, la cooperativa ha tenido que adaptarse para responder a las necesidades más urgentes que trajo la crisis sanitaria, en un barrio en el que las carencias y las necesidades se acumulan y se agravan desde hace años.

Flores afirma que la primera necesidad tiene que ver con la falta de alimentos. “La cooperativa ha recibido donaciones de empresas que nos han permitido darles sostén y acompañamiento a 25 comedores de La Matanza y otras zonas del conurbano”. Pero la situación de aislamiento y el riesgo de contagio de la enfermedad han presentado a las organizaciones un desafío sin precedentes: ¿cómo entregar los alimentos a la gente asegurando que se cumpla el aislamiento y garantizando una distancia social efectiva con miras a prevenir el contagio?

En el Gran Buenos Aires, la cuestión de la logística todavía no está resuelta. Desde la entrega de alimentos hasta el cobro de sueldos, subsidios, jubilaciones y pensiones, durante el aislamiento se han generado situaciones de aglomeración de personas cuyas consecuencias todavía no se pueden dimensionar. “Nosotros sabemos que el hecho de que la gente se aglomere para retirar las viandas es absolutamente cuestionable, pero no existe otra manera, no hay financiamiento para hacerlo de otra manera”. Silvia Flores vive con angustia una situación que excede por mucho las posibilidades de la cooperativa. “Vamos tomando decisiones, intentando ayudar de la mejor manera posible. Pero una siente que nada de lo que hace alcanza”.

Según el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares), existen 4.416 asentamientos y barrios populares en la Argentina. Esta entidad los define como aquellos barrios “integrados por 8 o más familias” y en donde “más de la mitad de la población no tiene título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal)”. Por su parte, el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios, que es el registro de la Provincia de Buenos Aires, contabiliza, en los 25 partidos que conforman el primer y el segundo cordón del Conurbano, 982 asentamientos  y barrios de emergencia en donde habitan 329.388 familias. Todas ellas, familias en situación de vulnerabilidad y con escasas posibilidades de cumplir con medidas de aislamiento e higiene.

La Matanza es el partido más poblado de la provincia de Buenos Aires. Según una estimación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), al 2020 habrá prácticamente alcanzado los 2.300.000 habitantes. Y, a la vez, es uno de los partidos con mayor cantidad de asentamientos precarios. Miles de familias habitan en lugares pequeños, sin espacio suficiente para el esparcimiento de niños y niñas, sin calefacción. Pero, además, sin poder realizar los cuidados que requiere una epidemia como el COVID-19. Flores enfrenta día a día esta realidad: “Me decía una señora, ‘Silvia, no tengo jabón. Vine a hacer la fila del cajero y no hay plata, así que hoy no nos vamos a lavar las manos. Y pienso en mi familia y me aterra, pero no vamos a tener jabón porque no hay plata en el cajero’. Es muy difícil sostener la cuarentena en estas condiciones”.

Tras once semanas de aislamiento obligatorio, el conflicto social en Argentina, y especialmente en el Gran Buenos Aires, se agrava cada vez más. En una sociedad con un 35,5% de su población por debajo de la línea de la pobreza, tanto la crisis sanitaria como la respuesta a la crisis han agravado la ya precaria situación. Las medidas que acompañan el aislamiento son insuficientes para atender las necesidades de la población y las organizaciones como La Juanita experimentan nuevos desafíos para seguir brindando un servicio social y mitigando las deficiencias estructurales que afectan a los barrios de emergencia. Porque, como dice Silvia Flores, “Estamos acostumbrados a vivir en problemáticas”.

La pandemia no detiene a las y los recicladores en Colombia

Lejos de La Matanza, en otra gran urbe latinoamericana, Bogotá, Nohra Padilla, en conversación con InnContext, dice palabras muy similares: “Nosotros siempre hemos estado en crisis”. Nohra Padilla es presidenta de la Asociación de Recicladores de Bogotá y es una referente del gremio. “Los recicladores en el continente poco a poco se han ido entendiendo desde la adversidad; una adversidad cifrada por haber nacido en la pobreza, en la falta de recursos económicos y que es agravada por la ausencia de recursos del Estado”. Y si bien la crisis sanitaria y el aislamiento implementado por el gobierno de Colombia han afectado su desempeño, especialmente en los inicios de la medida, la capacidad de organización ha demostrado ser su gran fortaleza.

Nosotros nos hemos convertido básicamente en una fuerza de cambio. En el continente la organización más antigua es la de Colombia, porque también Colombia empezó hace 30 años con una política de manejo de basuras que de entrada puso el ojo sobre la exclusión de los recicladores”. Según un informe de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), en Bogotá hay 21.950 recicladores registrados en el Registro Único de Reciclador de Oficio. De ellos, se estima que 7 de cada 10 son cabezas de hogar. Además, la cuarta parte no cuenta con vivienda ni con un lugar para pasar la noche.

Trabajadoras y trabajadores del reciclaje en Colombia, prestando el servicio en contexto de COVID-19. Foto: ARB Bogotá.

Nuestro trabajo tiene unas características que lo hacen mucho más vulnerable. Tenemos que revolver entre la basura para rescatar todo lo que rescatamos y eso ya genera unas condiciones de dificultad adicionales a las que pueden tener otros sectores populares”, dice Padilla. Por esto, el trabajo de sensibilización y educación a la sociedad colombiana sobre el trabajo de los recicladores ha dado sus frutos: “La comunidad está respondiendo de una manera muy bonita, la gente sigue sacando sus residuos y ahora los separa con mayor cuidado. Estamos fortaleciendo la recolección selectiva”. Gracias a este proceso de sensibilización, la ciudadanía valora cada vez más la importancia de este trabajo e incluso su propio rol en la cadena de aprovechamiento y reutilización de los materiales.

El impacto de una crisis como la del COVID-19 hubiera sido mucho mayor si no se hubieran dado estos avances. Pero así y todo tuvieron que sortear obstáculos. “El principal problema a veces no es la falta de recursos, sino el entendimiento con las autoridades”. En un principio, la implementación del aislamiento social obligatorio no contemplaba el trabajo de las organizaciones de recicladores como de vital importancia para el funcionamiento del país. Esto, cuenta Padilla, trajo muchos inconvenientes a las y los trabajadores, que eran detenidos por la policía e impedidos de trabajar. “La policía puso muchas trabas, entonces nos retrasamos un poco y los recicladores se quedaban con su material, esperando que alguien les comprara”.

Pero desde las organizaciones lucharon para que se les reconociera como un servicio esencial y lo lograron. Según Padilla, fue necesario que se incluyera la palabra “reciclaje” en el decreto que habilitaba a los recicladores a prestar el servicio. “Con solo esa palabrita, mágicamente ha funcionado mejor la cosa. Entonces, en este momento estamos en funcionamiento pleno y todas las bodegas están abiertas. Además, la demanda de materiales, como metal, vidrio, plásticos y papel, es muy alta, pues es lo que se necesita para afrontar la crisis nacional”.

Este reconocimiento fue fruto de un diálogo entre las organizaciones y los gobiernos, tanto el nacional como el local, construido a lo largo de años. “Nosotros tenemos la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo, una plataforma que ha sido muy útil para la interlocución. Desde allí se gestó la incidencia para que el Gobierno Nacional definiera claramente en los decretos de manejo de la crisis, las empresas y las industrias que debían mantenerse abiertas por la necesidad de suministro de alimentos, medicinas y servicios públicos. Desde ese mismo momento obtuvimos una acreditación, que al principio no era tan clara porque decía solamente ‘del sistema de aprovechamiento’. Y tocó explicarle al gobierno de Bogotá y a todo el mundo que el aprovechamiento es un servicio público dentro del marco del servicio de aseo y los recicladores somos los prestadores de ese servicio”.

Otra de las dificultades que enfrentan los recicladores en Colombia tiene que ver con la falta de suministros de higiene. “Se han encarecido y ha escaseado absolutamente todo y no teníamos buenas provisiones de elementos de protección personal”. Sin embargo, las organizaciones han recibido ayudas estratégicas: desde elementos de seguridad, como guantes, tapabocas y desinfectantes, hasta suministro de alimentos a bajo costo y cobertura económica para las personas mayores de 70 años. Pero, además, las organizaciones han generado un plan de contingencia que incluye un completo protocolo de seguridad para garantizar la salud de los trabajadores en el manejo de los residuos. Y todo esto fue posible gracias a la fuerza de trabajadoras y trabajadores unidos detrás de una visión común de futuro.

Trabajador del reciclaje en Bogotá. Foto: ARB Bogotá.

«Nos mataron a Ramona»

La realidad de las y los recicladores de América Latina varía mucho de país a país. Si bien es un gremio que comparte una realidad compleja y que se ha abierto paso desde la adversidad, no todas las organizaciones en la región se encuentran en circunstancias como las que cuenta Nohra Padilla. No todos los gobiernos de la región reconocen la actividad de los recicladores como esencial y muchos trabajadores y trabajadoras no pueden desempeñarse en su actividad. No solo por no poder salir a realizar la recolección de materiales, sino porque, aunque lo hagan, tienen dificultades para vender su material.

Por otro lado, muchos recicladores, desde antes de la pandemia, se encontraban en situación de vulnerabilidad, por falta de una vivienda digna y de ingresos suficientes. En la pandemia, esta situación se agrava aún más, por la imposibilidad de efectuar un aislamiento, la falta de elementos de seguridad y la inseguridad alimentaria. Pero no solamente las y los recicladores se ven afectados por estas condiciones. En general, todas las personas que se desempeñan en el trabajo informal han sufrido un golpe muy fuerte por la crisis y por las medidas para hacer frente a la crisis, que en muchos casos han sido insuficientes para garantizar los derechos de las personas que más lo necesitan.

En La Matanza, esta realidad también se hace manifiesta. Silvia Flores cuenta que “la situación económica afecta duramente a los emprendedores, que viven de su trabajo en la feria, en la venta diaria, en la venta ambulante”. La gente que vive el día a día. Pero, además, mucha gente que se había capacitado en La Juanita, aprendiendo un oficio que le permitiera trabajar, hoy no puede hacerlo. Y esto es un espejo que refleja una realidad común a la región: según un informe del Banco Mundial, el empleo informal supera el 50% en América Latina. La inequidad social es otro elemento común que se repite a lo largo y ancho de la región y también se agudiza con la pandemia.

La muerte de la dirigente social Ramona Medina, referente de la Garganta Poderosa y delegada de la Villa 31, uno de los asentamientos informales más grandes de la Ciudad de Buenos Aires, mostró con crudeza la inequidad y sus consecuencias en un entorno de crisis. La delegada había denunciado públicamente la falta de agua en el barrio y el hecho de no contar con las medidas mínimas de higiene para garantizar el cuidado de su salud y la de su familia. Días más tarde, Ramona Medina, de 42 años y perteneciente a la población de riesgo, por ser insulinodependiente, contrajo la enfermedad del COVID-19 y murió. El caso de Ramona Medina sacudió a gran parte de la sociedad. Como ella, miles de personas en toda la región sufren las consecuencias de la inequidad y de la falta de políticas públicas orientadas a atender esa brecha. Porque la pandemia es la misma, pero sus impactos no.

Vista de la Villa 31 y la zona porteña de Retiro de fondo. Foto: Wikicommons

Organización para la acción

Silvia Flores se siente sola. Como dirigente social, no está recibiendo el acompañamiento que necesita de la política para mejorar sus procesos, aumentar su alcance y su impacto en la sociedad. “Creo que esto tiene que ver con la deshumanización de las relaciones”. Silvia observa esto también en el sistema de salud: “Acá hay casos muy graves, personas que se mueren en las guardias, que no son atendidas. Sabemos que hay buenos y malos profesionales, pero creo que el sistema aporta a la deshumanización de las relaciones”. Por eso, para ella es de gran importancia el rol de las organizaciones sociales: “nosotros tenemos que jugar un rol fuerte, debemos acompañar, concientizar, contener. Pero también hay miedo, desconfianza, vínculos rotos desde hace muchos años”. Y para lograr la reparación de estos vínculos, la educación tiene y tendrá un papel central.

Para las organizaciones de recicladores en Colombia, la educación también es central y ya han visto rendir sus frutos. “Nosotros seguimos pidiendo a todos nuestros aliados que ejerzan una incidencia para que los gobiernos reconozcan a los recicladores como prestadores del servicio y empiecen a pagarles. Y ojalá que eso pase durante esta crisis”, dice Padilla. Pero, para eso, las organizaciones son fundamentales: “Si nos mantenemos activos en la organización como gremios de recicladores productivos a través del capital de trabajo tendremos la posibilidad de seguir dando estas luchas, generando incidencia para llegar a esas mejores condiciones de vida y de trabajo que es el propósito de las organizaciones de recicladores”. Un propósito que está siempre vigente incluso, y más aún, en tiempos de crisis.

Nohra Padilla resalta que, en las crisis, las organizaciones son como las trincheras en las guerras: salvan vidas. Y al hablar del futuro habla del presente, porque el futuro que ella plantea puede y debe empezar ahora. La crisis, quizá, incluso sea el mejor momento para hacerlo: “Nosotros aprendimos de Bernardo Toro lo que era la organización y empezamos un proceso de reflexión. Y si bien es cierto que el proceso más difícil que podemos emprender los pobres es el de la organización, es el mejor camino. No podemos postergar la decisión de organización. Y, así sea de manera imperfecta, hacer que funcione”.

De esta manera, a miles de kilómetros de distancia, Silvia y Nohra, sin conocerse, se reconocen en la lucha de la sociedad civil organizada por aumentar la calidad de vida en sus comunidades, enfrentándose a dos pandemias: la sanitaria que las acerca a la muerte y la económica que las aleja de la vida. Y en esta batalla desigual, persisten en cuidar al prójimo, porque por el momento, como ambas sostienen, la única vacuna es la organización colectiva.

Texto: Yanina Paula Nemirovsky

Imagen destacada: Favela en Rio de Janeiro. Foto de Leszek Wasilewski

Conferencia InnContext sobre reciclaje inclusivo con Nohra Padilla Herrera.
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