Una vacuna que todavía no es del pueblo

La carrera para desarrollar la vacuna contra el COVID-19 está todavía en marcha. Actualmente, hay más de doscientas vacunas en desarrollo, de las cuales diez están en fase 3, lo que significa que están siendo probadas a nivel masivo. Muchos países, principalmente de Europa, ya han comenzado campañas de vacunación en sus poblaciones de mayor riesgo con alguna de esa decena de vacunas, a pesar de no haber sido aprobadas para su uso general. El aumento de casos en el mundo y la experiencia del 2020 ha forzado a muchos países a emitir aprobaciones de emergencia para poder vacunar a la población. No obstante, en este contexto de crisis, de salud pública, por un lado, y económica, por otro, debido a los efectos devastadores de las medidas de aislamiento, el acceso pleno y equitativo a las vacunas todavía no está garantizado: activistas que integran una coalición de organizaciones que reclaman una vacuna universal advierten que 9 de cada 10 personas de países pobres no tendrán acceso a una vacuna contra el COVID-19 a lo largo del 2021.

La vacuna contra el COVID-19 como bien público

La People’s Vaccine Alliance es una coalición de organizaciones unidas detrás del objetivo de declarar la vacuna contra el COVID-19 como un bien público, para asegurar su acceso universal. Esta coalición realizó un análisis de los distintos acuerdos firmados entre países y laboratorios desarrolladores de las vacunas en la fase más avanzada. Uno de los principales hallazgos es que los países más ricos han comprado el 53% de las vacunas más prometedoras en cantidades que superan sus propias necesidades poblacionales. Por ejemplo, Canadá adquirió dosis suficientes como para vacunar cinco veces a su población. En el otro extremo, 67 países de renta media-baja y baja no podrán acceder a la cantidad de dosis suficientes para cubrir a todos sus habitantes.

António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas (ONU), el 18 de diciembre expresó que el desafío ahora es asegurar que la vacuna contra el COVID-19 sea tratada como un bien público: “Una vacuna del pueblo”. Sin embargo, Our World In Data, un portal que recoge datos estadísticos sobre problemáticas del mundo, en su mapa del estado de la vacunación muestra una marcada diferencia entre el norte y el sur globales: las primeras campañas de vacunación masiva están ocurriendo en el norte, mientras que en el sur prácticamente no hay datos. Más allá de las implicaciones éticas que tiene el hecho de que el acceso a la vacuna esté asegurado en su mayoría solo para quienes puedan pagarlo, la única posibilidad de superar la pandemia del COVID-19 es a través de acuerdos globales y trabajo colaborativo que permitan frenar la expansión del virus en todos los rincones del mundo.

Por esto, declarar una vacuna contra el COVID-19 como un bien público global sería un paso importante para asegurar su acceso equitativo y asequible en todo el mundo. Además, sería una medida alineada con el segundo de los tres principios de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: “No dejar a nadie atrás”. Desde esta perspectiva, el sistema de Naciones Unidas juega un papel importante en la gestión de los bienes públicos globales, aquellos bienes públicos cuyos beneficios están por encima de las fronteras, las generaciones y los grupos poblacionales, según la definición de Charles Kindleberg, precursor del concepto de bienes públicos aplicados a las problemáticas internacionales. La ONU es un instrumento que permite a los Estados miembro llegar a acuerdos internacionales e implementarlos. En el caso de las vacunas contra el COVID-19, por ejemplo, canalizando fondos públicos, asegurando su venta a precios asequibles y su distribución gratuita entre los países de ingresos más bajos.

Iniciativas para avanzar hacia el acceso universal a la vacuna

La situación del acceso a cada una de las vacunas que están en desarrollo, en especial a las más avanzadas en su producción, es muy variada y depende de varios factores, como las políticas del país donde se apliquen o los acuerdos que rigen su desarrollo y distribución. Si bien ninguna de las vacunas disponibles para aplicación inmediata son consideradas bienes públicos mundiales, para muchas está prevista una distribución masiva y asequible, en algunos casos gratuita. No obstante, el acceso desigual a la cantidad de dosis necesarias para cada país pone en relieve la necesidad de generar mecanismos para evitar la concentración que ya está ocurriendo a nivel global. Para ello, existen algunas iniciativas que buscan generar mecanismos de acceso a las vacunas para los países que más lo necesitan.

Hoy en día los gobiernos tienen una gran presión por obtener las vacunas necesarias para inmunizar a sus poblaciones. Esta situación de competencia atenta contra el acceso universal a una vacuna segura y efectiva y, eventualmente, contra la posibilidad de contener la expansión de la enfermedad. El Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX) es un mecanismo liderado por la OMS que tiene el objetivo de asegurar el acceso universal de al menos una vacuna contra el COVID-19. Funciona como una póliza de seguro, por la cual los países más ricos invierten conjuntamente en el desarrollo de una vacuna y con ello aseguran el acceso a las dosis que necesitan para cubrir a su población en riesgo. A la vez, al expandir el pool de la inversión, generan la capacidad para aumentar la fabricación de dosis. El mecanismo se funda en el principio de acceso equitativo a la vacuna, por lo cual, todos los países tienen el mismo acceso, sin importar su disponibilidad de fondos para financiarlo.

Otra iniciativa en marcha es la People’s Vaccine Alliance. Esta campaña global está liderada por organizaciones como Free the Vaccine, Yunus Centre, Frontline AIDS, Oxfam, SumOfUs y UNAIDS. Esta alianza lanzó una campaña con un llamamiento a los laboratorios que están produciendo la vacuna contra el COVID-19 y a los países que tienen que asegurar su distribución: a los primeros, para que compartan de forma abierta su tecnología; a los segundos, para que aseguren una distribución de la vacuna gratuita y equitativa, pero basada en las necesidades. Para avanzar hacia este objetivo, los laboratorios y las instituciones involucradas en el desarrollo de las distintas vacunas deben renunciar a las patentes y a la propiedad intelectual, al menos hasta que todos los países tengan cubiertas sus necesidades.

La cuestión de la gratuidad de la vacuna es una de las más difíciles de resolver: para asegurarla, debería haber fondos disponibles para comprar 8.000 millones de vacunas para cubrir la necesidad mundial. No obstante, es posible asegurar la disponibilidad universal, y para hacerlo, el acceso libre a la tecnología es vital. En este sentido, la OMS lanzó en mayo del 2020 un fondo de Acceso Mancomunado a la Tecnología con el objetivo de facilitar el acceso a las tecnologías desarrolladas para hacerle frente al virus, como vacunas y métodos de diagnóstico. Este fondo es un complemento para toda iniciativa de acceso a tecnologías contra el COVID-19, ya que facilita el flujo de información crítica, como resultados de investigaciones y ensayos clínicos, los pone a libre disposición; permite el acceso a licencias, no solo de vacunas, sino de cualquier otro tratamiento actual y futuro; y promueve la transferencia de tecnología orientada a aumentar las capacidades locales para el abastecimiento de insumos y tratamientos.

Una solución global para un problema global

Cuando Ed Murrow le preguntó a Jonas Salk quién tendría la propiedad de la patente de la vacuna contra la poliomielitis, Salk respondió: “Diría que la gente. No hay patente. ¿Patentarías el sol?”. Esta respuesta ha sido discutida ampliamente en el marco del gran debate que tiene que ver con la mercantilización del conocimiento. Pero lo cierto es que la vacuna ha salvado a millones de niñas y niños en todo el mundo. Sin embargo, el enfoque mercantil sigue prevaleciendo en la práctica: según el informe Indicadores mundiales de propiedad intelectual 2020, las patentes en el rubro farmacéutico han aumentado un 35% y las de tecnología médica, un 88% entre 2008 y 2018. Esto está relacionado con el hecho de que los conocimientos científicos son considerados objetos comerciales sujetos al Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, un anexo del convenio de creación de la Organización Mundial de Comercio, firmado en 1994.

Este enfoque genera restricciones al acceso a la tecnología y el conocimiento científico y profundiza las desigualdades entre los países, no solo en cuanto al acceso, sino también en cuanto a la producción del conocimiento. La cuestión de la vacuna contra el COVID-19 pone en primer plano la urgencia de un debate más amplio que tiene que ver con el sistema de producción de conocimiento y su tendencia a la privatización. Si bien la declaración de una vacuna como bien público es un avance importante, la discusión es más amplia: tiene que ver con considerar el conocimiento científico como un bien público mundial. Y, a partir de esta consideración, enfocar los esfuerzos en promover modelos de innovación, de producción y de transferencia de conocimiento sobre la base de la inclusión y la equidad. El mundo enfrenta grandes problemáticas que no admiten respuestas individuales. Por esto, uno de los grandes desafíos está en enfrentar las resistencias y el afán de lucro de los poderes que dominan el avance científico y tecnológico y fortalecer los mecanismos de producción y transferencia de conocimiento basados en el bien común.

Avanzar hacia la denominada nueva normalidad no depende solo de que la ciencia logre desarrollar la vacuna que detenga la pandemia. También depende del marco de valores que garantice que el producto de la ciencia sea de acceso equitativo. De lo contrario, habrá una nueva inequidad dentro de la normalidad de siempre.

Por Yanina Paula Nemirovsky (Fundación Avina)


El contenido de esta publicación no refleja la posición de la Fundación Avina sobre el tema.

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